Diego Moya / Firma invitada
Llamar a una guerra “legal” no es lavarla con agua bendita, sino coserle un uniforme de papel. Llamarla “ilegal” tampoco la vuelve más o menos dolorosa, solo la señala con un dedo distinto. En ambos casos, el suelo se queda igual de rojo, los niños se quedan igual de callados, y las madres cuentan igual los zapatos que ya no calzan. La diferencia está en el idioma que se usa para justificar, no en el peso de lo que se rompe.
Las guerras legales vienen vestidas de protocolo: resoluciones firmadas a la luz de las cámaras, consejos de seguridad que dan el visto bueno, tratados internacionales citados como paredes de contención. Se habla de defensa propia, de amenazas inminentes, de equilibrio de poder, de estabilidad regional. Pero detrás de esas palabras, hay una ciudad que se despierta con un estruendo que no se discutió en ninguna sala de conferencias. La “legalidad” brilla en los discursos; la primera lágrima cae en un desayuno interrumpido.
Las guerras ilegales, en cambio, se reconocen antes en el silencio incómodo de algunos aliados que en la propia conciencia de quien dispara. Son conflictos cuyas razones se enredan, se amontonan, se cambian a media campaña. La ley las condena; la política, a veces, las adopta igual. Pero aunque se las llame agresión, invasión, violación del orden, el efecto en el barrio, en el patio del colegio, en la cocina de una casa pequeña, es el mismo: el humo sabe igual si el bombardeo venía autorizado por un documento o no.
La ley, tanto en las guerras legales como en las ilegales, habla de distinción: entre militares y civiles, entre instalaciones estratégicas y hogares cotidianos. Pero la guerra, cuando llega, no se detiene a leer el manual. En una guerra “legal”, se repite que el daño colateral fue medido, que el objetivo era militar, que se respetó la proporcionalidad. En una guerra “ilegal”, se repite que el daño fue arbitrario, brutal, sin justificación posible. Sin embargo, para el hombre que rebusca en los escombros buscando el anillo de su esposa, el resultado es el mismo: no hay manual que devuelva lo perdido.
A veces, la guerra legal se disfraza de protección: se dice que bombardear una ciudad es para “liberarla”, que destruir un barrio es para “estabilizar la región”, que tomar un puente es para “prevenir una mayor violencia”. La ley permite que el dolor se compute como un paso necesario. Entonces, se matizan los términos, se habla de “operaciones”, de “crisis humanitarias”, de “intervenciones”, pero los muertos no se vuelven verbos ni categorías. Siguen siendo personas que no llevaban uniforme, que solo llevaban un nombre, un oficio y un sueño.
La guerra ilegal, en cambio, no se molesta en maquillar tanto el crimen. La agresión se siente desnuda desde el primer disparo, y la ley se pronuncia con más claridad: crimen de guerra, violación de soberanía, ataque injustificado. Pero aquí también, la diferencia es de vocabulario más que de sufrimiento. Para el niño que se despierta gritando en mitad de la noche, no importa que el ataque haya sido condenado por un tribunal internacional o alabado por un comunicado oficial: importa que su casa ya no tiene techo y que su padre jamás regresará.
En el mundo diplomático, las guerras legales se defienden con argumentos, las ilegales con excusas. En el mundo de las calles, ambas se confunden en el mismo olor a ceniza, en el mismo ruido de sirenas que llegan tarde, en el mismo silencio que se instala tras la última explosión. La ley puede decidir si el conflicto entra en un anexo o en un apartado, si se califica de autorizado o de prohibido, pero no puede cambiar el hecho de que, en la mayoría de los casos, son las personas normales las que pagan el precio más alto.
Las guerras legales construyen fortalezas de razón: se habla de orden, de estabilidad, de defensa colectiva. Pero esas fortalezas se levantan sobre los cimientos de vidas rotas, de familias divididas, de ciudades que aprenden a contar sus muertos en lugar de sus sueños. Las guerras ilegales construyen barricadas de resentimiento: se habla de abuso, de impunidad, de humillación. Pero esas barricadas también se hacen con el mismo material: lágrimas, sangre, huesos, nombres inscritos en memorias que nadie se molesta en leer.
Quizá la verdadera ilegalidad no esté solo en el acto de empezar una guerra sin autorización, sino en el hecho de aceptar como natural que gran parte del peso recaiga siempre en quienes nada decidieron. Que una potencia pueda, con un giro de lenguaje, pasar de “agresora” a “estabilizadora”, mientras los civiles siguen igual de atrapados, igual de desprotegidos, igual de olvidados. Que se pueda llamar a una guerra “legal” y, aun así, ver escuelas convertidas en mausoleos, hospitales convertidos en fosas, mercados convertidos en escenarios de fotografías que nadie quería tomar.
La guerra legal no es menos cruel por estar inscrita en tratados; la guerra ilegal no es más humana por estar condenada en discursos. Ambas comparten la misma sombra: la de una humanidad que sabe ponerle fecha a una resolución y número de víctimas a un conflicto, pero que sigue sin encontrar el coraje para prohibir de verdad la guerra, para poner el umbral de la dignidad por encima del interés de Estado.
En esa frontera difusa entre lo legal y lo ilegal, el único juicio que no se puede silenciar es el de los ojos que lloran: madres que cuentan hijos, viudas que repasan recuerdos, jóvenes que se preguntan por qué el “derecho” autorizó que el futuro les explotara en la cara. La guerra puede ser legal en los libros, ilegal en los tribunales, pero en el corazón de quien sobrevive, solo es una sola cosa: ausencia. Y la ausencia no se mide en leyes, se mide en silencios que no se llenan.
Así, llamar a una guerra “legal” no significa que esté bien; solo significa que alguien ha encontrado un hueco en el derecho internacional para justificarla. Y llamar a otra “ilegal” no significa que haya sido menos devastadora, solo que el mundo se ha puesto de acuerdo en señalarla con el dedo. Pero en ambos casos, lo que sigue siendo inaceptable es que las personas normales, las que no llevan uniforme, las que no firmaron tratados ni dieron órdenes, sean las que carguen el peso más pesado de la historia.
